Me encanta la cheveridad de esta persona que muy juciosamente instala temporalmente el tocadiscos en la mesa del comedor,graba a pulso el disco raro que yo no conocia.
la esencia del buen coleccionista es la generosidad.
20.9.11
18.9.11
z
Los cacaos
El domingo pasado apareció en El Tiempo, en página entera, un comunicado firmado por los más cacaos de los cacaos —la crema del chocolate— preguntando por qué el coronel retirado Plazas Vega continuaba encanado pese a que, según ellos, el fallo es arbitrario.
Como se sabe, el exoficial fue condenado por el delito de desaparición forzada de gente que salió viva en la retoma del Palacio de Justicia. Para dejar en firme el juicio de los cacaos, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Navas, calificó a Plazas Vega como un héroe nacional. Los firmantes del manifiesto están en su derecho de protestar por el veredicto condenatorio, pero es extraño que un general de tanta jerarquía trate de invalidar, por lo menos moralmente, la decisión de un juez de la República. Más extraño aún si se recuerda que el general Navas había declarado un día después de su posesión que no toleraría ninguna violación a los DD. HH. por parte de sus subordinados.
El pasado miércoles, El Colombiano publicó un editorial suscrito por José Félix Lafaurie, firmante de la carta y presidente de Fedegán, que aclara el verdadero sentido de la pregunta sobre la suerte del coronel Plazas Vega: la reforma del código penal militar para hacerlo más flexible, más laxo, menos severo. La tesis se desprende de la que se oye hace tiempo en los cuarteles: no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias. O dicho de otra manera: hay que permitir el atropello a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para poder recuperar el orden. Una contradicción siniestra que sugiere que el delito sólo puede ser combatido eficazmente por fuera de la ley. En el fondo es la doctrina que el paramilitarismo ha defendido y que muchos de los cacaos consideran justa. Fue el camino que tomó Jorge Noguera: dado que un juez invalidó la detención de Alfredo Correa de Andreis, el exdirector del DAS facilitó su asesinato por parte de los paramilitares.
Los militares argumentan que la justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué leyes habiendo armas?
Uno de los grandes logros de los constituyentes del 91 fue la abolición de la justicia castrense para civiles y la regulación de competencias entre lo civil y lo militar. Tres días después de posesionado, Santos firmó la ley que sancionó la reforma de Código Penal Militar, pero todo indica que no ha sido aceptada por los altos mandos, que consideran que los incursos en delitos como los falsos positivos y las desapariciones forzadas no han tenido suficientes garantías procesales y por tanto la tropa está desmoralizada y así no puede combatir. Los militares continúan así agitando el llamado síndrome de procuraduría bajo otra fórmula: la guerra —dicen— se está perdiendo en los juzgados, por tanto, no debemos ir a los juzgados. Es una manera clásica de continuar la guerra. La impunidad es el mejor combustible de esa hoguera. ¿No es curioso que cada vez que se abre una hendija de esperanza de arreglo civil del conflicto, los militares salgan a pedir garantías para poder hacer la guerra a su manera? La realidad real es que cada cierto tiempo que se pone en evidencia el empantanamiento recurrente de las políticas bélicas, se ataca a la justicia civil como causa de las derrotas.
Los militares argumentan que la justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué leyes habiendo armas?
Uno de los grandes logros de los constituyentes del 91 fue la abolición de la justicia castrense para civiles y la regulación de competencias entre lo civil y lo militar. Tres días después de posesionado, Santos firmó la ley que sancionó la reforma de Código Penal Militar, pero todo indica que no ha sido aceptada por los altos mandos, que consideran que los incursos en delitos como los falsos positivos y las desapariciones forzadas no han tenido suficientes garantías procesales y por tanto la tropa está desmoralizada y así no puede combatir. Los militares continúan así agitando el llamado síndrome de procuraduría bajo otra fórmula: la guerra —dicen— se está perdiendo en los juzgados, por tanto, no debemos ir a los juzgados. Es una manera clásica de continuar la guerra. La impunidad es el mejor combustible de esa hoguera. ¿No es curioso que cada vez que se abre una hendija de esperanza de arreglo civil del conflicto, los militares salgan a pedir garantías para poder hacer la guerra a su manera? La realidad real es que cada cierto tiempo que se pone en evidencia el empantanamiento recurrente de las políticas bélicas, se ataca a la justicia civil como causa de las derrotas.
Dirección web fuente:
http://www.9.9.11
Foto-Edward Burtynsky Kennecott Copper Mine No22 Bingham Valley Utah Canada 1983La mina del cañón de Bingham, también llamada Mina de cobre Kennecott, es una operación de minería a cielo abierto para explotar un gran depósito de porfirio de cobre al suroeste de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, en las montañas Oquirrh. Es la segunda mina de cielo abierto más profunda del mundo. La mina es propiedad de Rio Tinto Group, una compañía internacional de minería y exploración cuya sede se encuentra en el Reino Unido. Las operaciones de extracción de cobre en la mina Bingham son gerenciadas por la Kennecott Utah Copper Corporation que opera la mina, una planta concentradora, a smelter, y una refinería. La mina ha estado en producción desde 1906, y ha dado lugar a la creación de una excavación de más de 1.2 km de profundidad, 4 km de diámetro, y que abarca 7.7 km². Según Kennecott, es la mayor excavación que haya realizado jamás el hombre.1 En 1966 fue elegida como un Hito Histórico Nacional en Estados Unidos.
enlace a la wikipedia en ingles
7.9.11
6.9.11
4.9.11
Con la VII Feria Internacional de la Minería se echó a andar el tren del oro en el país. Con la presencia de agencias institucionales, multinacionales —Anglo Gold Ashanti o Medoro son algunas— y otras y muy poderosas firmas colombianas, a la hora del cierre se habían hecho negocios por US$350 millones, la mayoría sobre minas de oro.
No son de extrañar el entusiasmo y la voracidad que se vivieron habiendo alcanzado el precio del oro la fabulosa cifra de US$2.000 la onza troy, y estando Colombia, como dijo Cristian Samper —director del Smithsonian Museum—, sentado sobre una montaña de oro.
Una agitación similar se vive desde hace unos cinco años en los ríos San Juan, Telembí, Dagua, entre otros. Una vez que las dragas de las antiguas compañías, como la Chocó Pacífico, abandonaron los ríos, el mazamorreo regresó con almocafre y batea.
No era mucho el oro que lograban atrapar, pero era suficiente para las comunidades negras que consideran ese metal un regalo de Dios en compensación por 400 años de esclavitud. A medida que subía de precio, los narcos y paramilitares encontraron que la actividad no les servía para lavar sólo oro, sino también dólares. También las guerrillas y los que quisieran hacer fortuna de la noche a la mañana pusieron su entable. Miles de retroexcavadoras abrieron huecos enormes en los ríos y quebradas que “pintaran”; se crearon compañías; se solicitaron licencias; se pagaron trámites; se corrompieron funcionarios de Ingeominas y de las Corporaciones Autónomas de Desarrollo, alcaldes, agentes del orden. El dinero rodó.
La información minera georreferenciada sobre yacimientos y minas de oro y platino llegaba a las juntas directivas de las grandes compañías.
Comenzó el festín. Se han entregado 9.000 títulos mineros, el 4% del territorio nacional; y hay 20.000 solicitudes, el 20%. El 30% de los títulos fueron otorgados a compañías antioqueñas. No todos para la explotación de oro, es cierto, pero muestra la codicia de empresarios y la corrupción de las autoridades. Colombia explota unas 40 toneladas de oro al año, o 1,5 millones de onzas troy, es decir, US$3.000 millones.
No es posible saber si todo ese oro procede de nuestras minas porque, como lo denunció Mancuso —que tiene por qué saberlo—, una parte es comprado en Panamá, entra al país como producido en Colombia y termina en las bodegas del Banco de la República.
El Gobierno clasifica la minería del oro en dos categorías: legal e ilegal, y les ha declarado la guerra a estas últimas. No distingue entre la pequeña minería artesanal y la minería de draga, lo que permite que las dos modalidades presenten un frente común, entre otras cosas porque en los “cortes de trabajo” las retros acceden a que marginalmente los barequeros metan la batea.
No tardarán movilizaciones de barequeros contra el Gobierno y a favor de la minería ilegal, que no sólo necesita solidaridad local, sino armas. De ahí que los paramilitares —o como se llamen— y las guerrillas entren en la danza también. Son la seguridad del negocio.
Para rematar, las grandes multinacionales piden reglas claras para invertir. Exigen definir en qué zonas se puede o no destrozar el entorno, simplificar la regulación ambiental para meterles la mano a los páramos y liquidar ese fastidioso requisito llamado consulta previa.
El Gobierno deberá comenzar por sacar de las zonas que las multinacionales saben ricas la minería ilegal, incluida la artesanal. ¿Cómo podrían trabajar con tanta gente dentro de sus enclaves? Este conflicto encenderá la mecha.
Dados el tamaño del cerro de oro en que estamos sentados, la debilidad del Estado para regular la actividad aurífera, la trinca conformada por el “cartel de la retro” y narcotráfico, la corrupción y la venalidad de los agentes del orden legal, nuestro conflicto armado se desbordará —como se está desbordando— hacia este nuevo escenario bélico. Me temo que el problema minero tomará el lugar que hasta hoy ha tenido el problema agrario.
Una agitación similar se vive desde hace unos cinco años en los ríos San Juan, Telembí, Dagua, entre otros. Una vez que las dragas de las antiguas compañías, como la Chocó Pacífico, abandonaron los ríos, el mazamorreo regresó con almocafre y batea.
No era mucho el oro que lograban atrapar, pero era suficiente para las comunidades negras que consideran ese metal un regalo de Dios en compensación por 400 años de esclavitud. A medida que subía de precio, los narcos y paramilitares encontraron que la actividad no les servía para lavar sólo oro, sino también dólares. También las guerrillas y los que quisieran hacer fortuna de la noche a la mañana pusieron su entable. Miles de retroexcavadoras abrieron huecos enormes en los ríos y quebradas que “pintaran”; se crearon compañías; se solicitaron licencias; se pagaron trámites; se corrompieron funcionarios de Ingeominas y de las Corporaciones Autónomas de Desarrollo, alcaldes, agentes del orden. El dinero rodó.
La información minera georreferenciada sobre yacimientos y minas de oro y platino llegaba a las juntas directivas de las grandes compañías.
Comenzó el festín. Se han entregado 9.000 títulos mineros, el 4% del territorio nacional; y hay 20.000 solicitudes, el 20%. El 30% de los títulos fueron otorgados a compañías antioqueñas. No todos para la explotación de oro, es cierto, pero muestra la codicia de empresarios y la corrupción de las autoridades. Colombia explota unas 40 toneladas de oro al año, o 1,5 millones de onzas troy, es decir, US$3.000 millones.
No es posible saber si todo ese oro procede de nuestras minas porque, como lo denunció Mancuso —que tiene por qué saberlo—, una parte es comprado en Panamá, entra al país como producido en Colombia y termina en las bodegas del Banco de la República.
El Gobierno clasifica la minería del oro en dos categorías: legal e ilegal, y les ha declarado la guerra a estas últimas. No distingue entre la pequeña minería artesanal y la minería de draga, lo que permite que las dos modalidades presenten un frente común, entre otras cosas porque en los “cortes de trabajo” las retros acceden a que marginalmente los barequeros metan la batea.
No tardarán movilizaciones de barequeros contra el Gobierno y a favor de la minería ilegal, que no sólo necesita solidaridad local, sino armas. De ahí que los paramilitares —o como se llamen— y las guerrillas entren en la danza también. Son la seguridad del negocio.
Para rematar, las grandes multinacionales piden reglas claras para invertir. Exigen definir en qué zonas se puede o no destrozar el entorno, simplificar la regulación ambiental para meterles la mano a los páramos y liquidar ese fastidioso requisito llamado consulta previa.
El Gobierno deberá comenzar por sacar de las zonas que las multinacionales saben ricas la minería ilegal, incluida la artesanal. ¿Cómo podrían trabajar con tanta gente dentro de sus enclaves? Este conflicto encenderá la mecha.
Dados el tamaño del cerro de oro en que estamos sentados, la debilidad del Estado para regular la actividad aurífera, la trinca conformada por el “cartel de la retro” y narcotráfico, la corrupción y la venalidad de los agentes del orden legal, nuestro conflicto armado se desbordará —como se está desbordando— hacia este nuevo escenario bélico. Me temo que el problema minero tomará el lugar que hasta hoy ha tenido el problema agrario.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-296689-al-tren-del-oro
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