La reversión de Cerro Matoso : Salomón Kalmanovitz

La empresa negocia sigilosamente con el Gobierno para extender su explotación hasta 2029, algo que el ministro Mauricio Cárdenas da como un hecho cumplido.

La prórroga es inconveniente para los intereses de la Nación y así lo estableció Ingeominas en el 2010, lo que llevó a la destitución de su director y a la renuncia de un alto funcionario, José Neiza. Los bienes que debían revertir al país pasan a ser arrendados en el nuevo contrato a la misma empresa mediante un canon de sólo 1,25% sobre la ganancia neta semestral, después de impuestos y regalías. El ingreso para el Gobierno no sólo será pequeño sino dependiente de la contabilidad de la empresa, que le es imposible verificar.

Un estudio independiente aduce que un mínimo de 4,8% de las ganancias operacionales, que no netas, para el Gobierno sería conveniente. El concepto viene siendo apoyado por la Contraloría General de la Nación y recientemente la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se manifestó en contra de la renovación del contrato.
La empresa tiene un triste historial en materia tributaria. En 2010 pagó $35.300 millones después de un proceso de conciliación con Ingeominas en torno al pago de las regalías, pues había inflado sus costos; de todas maneras, dejó de pagar una buena parte de ellas, según un analista independiente. Las regalías fueron de sólo el 8% del valor del mineral en boca de mina, a pesar de que desde 1994 la ley las había elevado al 12%. Este valor sólo comenzó a ser reconocido de 2005 en adelante, pero se evadió por más de una década.
Inversiones a las que estaba obligada la empresa mediante el contrato inicial, como carreteras, ramales, embarcaderos, aeropuerto, acueducto, alcantarillado y planta de purificación, hospital, escuelas de primaria y viviendas para los trabajadores, son presentadas como gastos en responsabilidad social de la empresa y mostrados en un vistoso comercial que se pasa por televisión con mucha frecuencia.
Tales inversiones son asumidas por una Fundación San Isidro y son sospechosamente descontadas del impuesto de renta que debe abonar al fisco la Billiton. Una parte de las regalías es también deducida del impuesto a la renta, de tal modo que los contribuyentes terminamos haciéndole una trasferencia a las autoridades de Córdoba.
La corrupción local ha sido de tal magnitud que ha disipado las regalías que poco han afectado los abismales índices de calidad de vida de la población de Córdoba: la mortalidad infantil del departamento es el doble de la nacional y las necesidades básicas no satisfechas han mejorado muy levemente entre 1993 y 2005 en el departamento, incluso en Montelíbano. Hay incluso evidencia de envenenamiento de fuentes de agua que ha afectado negativamente la salud de la población.
El contrato debe ser liquidado y otorgado mediante licitación pública para que el país participe adecuadamente en la renta de sus recursos naturales, con participación variable según los precios internacionales. Debe facilitarse el montaje de industrias que utilicen el níquel como insumo y profundizar así el desarrollo económico del país; ahora sólo exportamos materia prima sin procesar. Es la única manera de que disfrutemos de “la bendición de los recursos naturales”.
* Datos tomados de un documento de Álvaro Pardo, de Colombia Punto Medio.
Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com

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Intención minera y páramos Por: Juan Pablo Ruiz Soto

El Ministerio de Minas y Energía viene preparando el proyecto de ley para reformar el actual Código Minero. Propone una reforma al artículo 34 de la Ley 685 de 2001, según la cual se aclara que se respetarán las concesiones con título minero y licencia ambiental ya asignada y la actividad minera podrá adelantarse hasta el vencimiento del período ya otorgado. Esto incluye zonas de páramos.

Al referirse a las zonas en un futuro no inmediato excluibles de la minería, dice que no habrá minería en zonas declaradas y delimitadas —conforme a la normatividad vigente—, como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente.

Luego menciona que “las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido constituidas y las que se constituyan como áreas que integren el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva natural protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales”.

Es decir, las áreas protegidas de menor categoría, como los parques naturales municipales, las reservas naturales de la sociedad civil y los distritos de manejo integrado, entre otras, no se consideran zonas de exclusión. La propuesta cierra el párrafo diciendo que para que en estas áreas se produzcan los efectos de exclusión deben estar delimitadas por el Ministerio de Medio Ambiente.
Esta última frase puede dar origen a abusos prácticos pues permite hacer concesiones sobre las zonas que todavía no estén delimitadas.
Como la Ley 2ª de 1959 delimita gran parte del país, la propuesta de ley dice que en estas zonas se pueden otorgar títulos mineros, si bien sólo se podrán iniciar trabajos una vez el área sea sustraída por la autoridad ambiental. En otras palabras, se seguirán otorgando títulos mineros sobre este tipo de reservas forestales.
En un futuro se salvarán los páramos delimitados en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto Humboldt, pero lo que es muy grave es que hoy se propone que la minería siga en los páramos, pues en el párrafo segundo del artículo 7 la propuesta dice: “En caso que a la entrada en vigencia de la presente ley se adelanten actividades de construcción, montaje o explotación minera con título minero y licencia ambiental, o su equivalente, en áreas que anteriormente no estaban excluidas, se respetarán tales actividades hasta su vencimiento, pero estos títulos no tendrán opción de prórroga, ni cambio de modalidad”.

Si el propósito fuese excluir los páramos de la minería, el proyecto de reforma debería decir que, en todos los casos, se suspenden las actividades mineras en los páramos y que, en caso de que ya se estén adelantando actividades, se definirá un mecanismo de ley para compensar a los inversionistas que hayan actuado de buena fe, protegidos por un título minero y una licencia ambiental legalmente tramitada y concedida.

El proyecto de reforma al Código Minero muestra la intención de proteger, en el futuro, algunos ecosistemas estratégicos, pero al mismo tiempo condena a todos los colombianos a perder los servicios ambientales asociados a todos los ecosistemas estratégicos donde hoy hay título minero y licencia ambiental. Es necesaria una revisión a esta propuesta, pues ya tienen título minero buena parte de nuestros ecosistemas estratégicos.
Juan Pablo Ruiz Soto | Elespectador.com

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¡Al tren del oro! Por: Alfredo Molano Bravo

 Con la VII Feria Internacional de la Minería se echó a andar el tren del oro en el país. Con la presencia de agencias institucionales, multinacionales —Anglo Gold Ashanti o Medoro son algunas— y otras y muy poderosas firmas colombianas, a la hora del cierre se habían hecho negocios por US$350 millones, la mayoría sobre minas de oro.

No son de extrañar el entusiasmo y la voracidad que se vivieron habiendo alcanzado el precio del oro la fabulosa cifra de US$2.000 la onza troy, y estando Colombia, como dijo Cristian Samper —director del Smithsonian Museum—, sentado sobre una montaña de oro.
Una agitación similar se vive desde hace unos cinco años en los ríos San Juan, Telembí, Dagua, entre otros. Una vez que las dragas de las antiguas compañías, como la Chocó Pacífico, abandonaron los ríos, el mazamorreo regresó con almocafre y batea.
No era mucho el oro que lograban atrapar, pero era suficiente para las comunidades negras que consideran ese metal un regalo de Dios en compensación por 400 años de esclavitud. A medida que subía de precio, los narcos y paramilitares encontraron que la actividad no les servía para lavar sólo oro, sino también dólares. También las guerrillas y los que quisieran hacer fortuna de la noche a la mañana pusieron su entable. Miles de retroexcavadoras abrieron huecos enormes en los ríos y quebradas que “pintaran”; se crearon compañías; se solicitaron licencias; se pagaron trámites; se corrompieron funcionarios de Ingeominas y de las Corporaciones Autónomas de Desarrollo, alcaldes, agentes del orden. El dinero rodó.
La información minera georreferenciada sobre yacimientos y minas de oro y platino llegaba a las juntas directivas de las grandes compañías.
Comenzó el festín. Se han entregado 9.000 títulos mineros, el 4% del territorio nacional; y hay 20.000 solicitudes, el 20%. El 30% de los títulos fueron otorgados a compañías antioqueñas. No todos para la explotación de oro, es cierto, pero muestra la codicia de empresarios y la corrupción de las autoridades. Colombia explota unas 40 toneladas de oro al año, o 1,5 millones de onzas troy, es decir, US$3.000 millones.
No es posible saber si todo ese oro procede de nuestras minas porque, como lo denunció Mancuso —que tiene por qué saberlo—, una parte es comprado en Panamá, entra al país como producido en Colombia y termina en las bodegas del Banco de la República.
El Gobierno clasifica la minería del oro en dos categorías: legal e ilegal, y les ha declarado la guerra a estas últimas. No distingue entre la pequeña minería artesanal y la minería de draga, lo que permite que las dos modalidades presenten un frente común, entre otras cosas porque en los “cortes de trabajo” las retros acceden a que marginalmente los barequeros metan la batea.
No tardarán movilizaciones de barequeros contra el Gobierno y a favor de la minería ilegal, que no sólo necesita solidaridad local, sino armas. De ahí que los paramilitares —o como se llamen— y las guerrillas entren en la danza también. Son la seguridad del negocio.
Para rematar, las grandes multinacionales piden reglas claras para invertir. Exigen definir en qué zonas se puede o no destrozar el entorno, simplificar la regulación ambiental para meterles la mano a los páramos y liquidar ese fastidioso requisito llamado consulta previa.
El Gobierno deberá comenzar por sacar de las zonas que las multinacionales saben ricas la minería ilegal, incluida la artesanal. ¿Cómo podrían trabajar con tanta gente dentro de sus enclaves? Este conflicto encenderá la mecha.
Dados el tamaño del cerro de oro en que estamos sentados, la debilidad del Estado para regular la actividad aurífera, la trinca conformada por el “cartel de la retro” y narcotráfico, la corrupción y la venalidad de los agentes del orden legal, nuestro conflicto armado se desbordará —como se está desbordando— hacia este nuevo escenario bélico. Me temo que el problema minero tomará el lugar que hasta hoy ha tenido el problema agrario.

Dirección web fuente:

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-296689-al-tren-del-oro

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