11.12.11
10.11.11
9.10.11
LAS REGIONES DEL SINÚ Y EL SAN Jorge son tierras fértiles y quizá las de más alta valorización del país.
Sin duda, una comarca ubérrima: bien regada, atravesada por vías y asegurada por la fuerza pública, por compañías privadas de seguridad y por los paramilitares. La hectárea puede costar entre $200 millones y $300 millones. Sin embargo, se ve en los potreros muy poco ganado. Dudo que haya más de una res por hectárea. Pese a los pastos mejorados y la existencia de razas altamente productivas, se diría que se trata de una ganadería extensiva. Una verdadera alcancía del capital. O, para decirlo de otra manera, la renta proviene en primer lugar de la valorización del suelo y, muy en segundo lugar, de la producción pecuaria y forestal.
La agricultura desapareció. O es muy escasa. En Montelíbano, 30 km al sur de Montería, está la más grande explotación de ferroníquel de América Latina, con una producción de 50.000 toneladas al año, 15.000 de níquel y 35.000 de hierro. La compañía Billington, su propietaria, paga regalías sólo sobre el níquel extraído, pero no sobre el hierro. Construye hoy una termocentral de energía propia que generará la electricidad necesaria para la explotación, igual a la que consume Barranquilla. Unos 15 km al suroccidente está Puerto Libertador, un pueblo en el que todo el mundo parece de paso. La zona comercial —un par de cuadras— está protegida del sol por telas de polisombra que crean un ambiente de bazar persa. Hay hoteles para los ingenieros, bares para los cocaleros y un parque en remodelación para entusiasmar a los electores antes de la próxima elección de alcalde.
Cerca a Puerto Libertador, en Bijao, la compañía Argos explota la mina de carbón a tajo abierto con un potencial calculado en 48 millones de toneladas. Alrededor ha ido comprando fincas a pequeños y a grandes propietarios, donde se cultivan hoy maderas; se trata de un territorio rico en carbón. En la región hay haciendas ganaderas y pequeños cultivos de arroz secano y maíz. Hay caseríos al borde de la carretera —Carepa, Gilgal, Playa Rica, entre otros—. Me sorprendieron la soledad y el silencio que rondan los pueblitos, los caminos y la poca gente que se ve. Observé un par de viejos sentados en un banco del parque de El Brillante. No hablaban entre sí, parecían yuxtapuestos. Tampoco se miraban. Me acerqué y les pregunté si la gente estaba a esa hora —10 A.M.— trabajando en la parcela. Uno me respondió: “De pronto” y se calló. “¿En qué trabajan por aquí?” —volví a preguntar—. “En todo” —me respondió—. Yo sentía que, a pesar de la sequedad, el hombre quería decirme algo.
Ensayé de nuevo: “¿Qué está pasando por aquí?”. Me miró un instante y desvió la mirada: “Anoche se oyeron botas”. Transmitía un miedo salido de la nada, un miedo que le circulaba por la sangre. Hablaba con medias palabras, no las terminaba, las embozalaba, las adelgazaba para terminar la frase en puntos suspensivos. Es sabido que la margen derecha del alto San Jorge está dominada por las Águilas Negras, apoyadas por los Urabeños, y la izquierda por los Paisas, apoyados por los Rastrojos. Se añade que los primeros tienen acuerdos con el Ejército y los segundos con las Farc. Pasamos el río por un planchón entre Playa Rica y Puerto Ánchica. El de planchonero en ese sitio es un trabajo poco apetecido. En los últimos meses han ultimado a dos, acusados de colaboración con los “enemigos”. Al otro lado el ambiente era aún más denso.
La escuela había devuelto a los niños a las 8 a.m. porque “las botas que se habían oído eran las de los Paisas”. Unos decían que eran 200 hombres que traían correteados; otros, que no eran tantos y que venían a sacar a las Águilas. Alguna persona, entreabriendo una puerta, susurró: “Las vienen apretando las Farc. Se rompió el negocio”. La carretera estaba desierta, el terror andaba suelto. En Tierradentro hay una base de la Policía. Los agentes no salen del cuartel. El pavor es un bien común. Nadie habla con nadie, nadie mira a nadie. Los vecinos, los hermanos, los hijos se vuelven extraños y peligrosos. El año pasado hubo 87 asesinatos; este año, 50. Todos con nombre propio. Los pueblos y las veredas están siendo desocupados a la fuerza. A la fuerza del terror a ser asesinado en cualquier lugar, en cualquier momento y por razones siempre secretas. Es una estrategia bien estudiada, todo el mundo debe ignorar la causa del crimen, debe suponerlo para sentirse señalado, buscado y encontrado. Los crímenes se pagan con la tierra de la víctima, que se limpia con testaferros, notarios y registradores. Con esos documentos, la buena fe queda acuñada entre firmas y sellos. Hoy, dos días después de mi paso por la región, supe que ya hubo tres muertos más…
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http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-304366-el-miedo-anda-suelto
Sin duda, una comarca ubérrima: bien regada, atravesada por vías y asegurada por la fuerza pública, por compañías privadas de seguridad y por los paramilitares. La hectárea puede costar entre $200 millones y $300 millones. Sin embargo, se ve en los potreros muy poco ganado. Dudo que haya más de una res por hectárea. Pese a los pastos mejorados y la existencia de razas altamente productivas, se diría que se trata de una ganadería extensiva. Una verdadera alcancía del capital. O, para decirlo de otra manera, la renta proviene en primer lugar de la valorización del suelo y, muy en segundo lugar, de la producción pecuaria y forestal.
La agricultura desapareció. O es muy escasa. En Montelíbano, 30 km al sur de Montería, está la más grande explotación de ferroníquel de América Latina, con una producción de 50.000 toneladas al año, 15.000 de níquel y 35.000 de hierro. La compañía Billington, su propietaria, paga regalías sólo sobre el níquel extraído, pero no sobre el hierro. Construye hoy una termocentral de energía propia que generará la electricidad necesaria para la explotación, igual a la que consume Barranquilla. Unos 15 km al suroccidente está Puerto Libertador, un pueblo en el que todo el mundo parece de paso. La zona comercial —un par de cuadras— está protegida del sol por telas de polisombra que crean un ambiente de bazar persa. Hay hoteles para los ingenieros, bares para los cocaleros y un parque en remodelación para entusiasmar a los electores antes de la próxima elección de alcalde.
Cerca a Puerto Libertador, en Bijao, la compañía Argos explota la mina de carbón a tajo abierto con un potencial calculado en 48 millones de toneladas. Alrededor ha ido comprando fincas a pequeños y a grandes propietarios, donde se cultivan hoy maderas; se trata de un territorio rico en carbón. En la región hay haciendas ganaderas y pequeños cultivos de arroz secano y maíz. Hay caseríos al borde de la carretera —Carepa, Gilgal, Playa Rica, entre otros—. Me sorprendieron la soledad y el silencio que rondan los pueblitos, los caminos y la poca gente que se ve. Observé un par de viejos sentados en un banco del parque de El Brillante. No hablaban entre sí, parecían yuxtapuestos. Tampoco se miraban. Me acerqué y les pregunté si la gente estaba a esa hora —10 A.M.— trabajando en la parcela. Uno me respondió: “De pronto” y se calló. “¿En qué trabajan por aquí?” —volví a preguntar—. “En todo” —me respondió—. Yo sentía que, a pesar de la sequedad, el hombre quería decirme algo.
Ensayé de nuevo: “¿Qué está pasando por aquí?”. Me miró un instante y desvió la mirada: “Anoche se oyeron botas”. Transmitía un miedo salido de la nada, un miedo que le circulaba por la sangre. Hablaba con medias palabras, no las terminaba, las embozalaba, las adelgazaba para terminar la frase en puntos suspensivos. Es sabido que la margen derecha del alto San Jorge está dominada por las Águilas Negras, apoyadas por los Urabeños, y la izquierda por los Paisas, apoyados por los Rastrojos. Se añade que los primeros tienen acuerdos con el Ejército y los segundos con las Farc. Pasamos el río por un planchón entre Playa Rica y Puerto Ánchica. El de planchonero en ese sitio es un trabajo poco apetecido. En los últimos meses han ultimado a dos, acusados de colaboración con los “enemigos”. Al otro lado el ambiente era aún más denso.
La escuela había devuelto a los niños a las 8 a.m. porque “las botas que se habían oído eran las de los Paisas”. Unos decían que eran 200 hombres que traían correteados; otros, que no eran tantos y que venían a sacar a las Águilas. Alguna persona, entreabriendo una puerta, susurró: “Las vienen apretando las Farc. Se rompió el negocio”. La carretera estaba desierta, el terror andaba suelto. En Tierradentro hay una base de la Policía. Los agentes no salen del cuartel. El pavor es un bien común. Nadie habla con nadie, nadie mira a nadie. Los vecinos, los hermanos, los hijos se vuelven extraños y peligrosos. El año pasado hubo 87 asesinatos; este año, 50. Todos con nombre propio. Los pueblos y las veredas están siendo desocupados a la fuerza. A la fuerza del terror a ser asesinado en cualquier lugar, en cualquier momento y por razones siempre secretas. Es una estrategia bien estudiada, todo el mundo debe ignorar la causa del crimen, debe suponerlo para sentirse señalado, buscado y encontrado. Los crímenes se pagan con la tierra de la víctima, que se limpia con testaferros, notarios y registradores. Con esos documentos, la buena fe queda acuñada entre firmas y sellos. Hoy, dos días después de mi paso por la región, supe que ya hubo tres muertos más…
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Lenin, como ha venido a saberse, era mejor en sus diagnósticos que en sus recetas. Y diagnosticó hace un siglo, con razón, que las consecuencias de las crisis cíclicas del capitalismo, o –si se quiere– sus soluciones, son las mismas siempre: la guerra.
Para allá parece que va también esta crisis de ahora, que empezó hace tres años con el incidente casi anecdótico de la quiebra de Lehman Brothers y ha venido ahondándose despacio, como en cámara lenta, como debajo del agua, y expandiéndose como los círculos de una pedrada en el agua de un estanque, banco por banco, país por país.
Vamos todos los países hacia la guerra, los que no estamos ya en ella. También las grandes guerras vaticinadas por Lenin fueron precedidas por guerritas pequeñas, marginales, periféricas, subalternas, como estas de ahora. Un ejemplo: Italia invadió entonces Etiopía, tal como Inglaterra y Francia acaban de invadir Libia. ¿Por qué? Por su propio bien, naturalmente.
(Y, a propósito ¿en qué va lo de Libia, tan prometido?)
Esta crisis de ahora pareció en el primer momento dejar atontados a los políticos, que mansamente confiaron su solución a sus bancos respectivos: financiándolos con dinero público, dentro de la rancia tradición capitalista de socializar las pérdidas después de haber privatizado las ganancias. Pero luego, también despaciosamente, la gente común empezó a protestar, desde Atenas hasta Madrid, desde Santiago de Chile hasta Helsinki pasando por Tel Aviv (lo de la ‘primavera árabe’ es otra cosa). Y hasta en el mismísimo corazón del capitalismo financiero mundial con el movimiento neoyorquino Occupy Wall Street, que no solo ha hecho metástasis en Los Ángeles y en Boston, sino que ha sacado de su catatonia de medio siglo a los sindicatos norteamericanos: la AFL-CIO anuncia huelgas. Y entonces los políticos también han despertado, y anuncian tímidas medidas: controles a los bancos, impuestos a los ricos. No se atrevieron ni a eso hasta que se lo pidieron los propios ricos: y es esa la razón por la que el tímido impuesto a las grandes fortunas que acaba de anunciar el presidente Barack Obama lleva el nombre de Warren Buffett, el hiperarchimultimegamillonario que reveló, tal vez sinceramente asombrado, que él pagaba menos impuestos que su secretaria. Y ahora se habla, por lo menos se habla, de aumentarles los impuestos a los ricos, en vez de reducírselos, casi en el mundo entero: inclusive en la Francia ‘bling bling’ de Nicolas Sarkozy. Creo que solo falta Colombia.
No es que se los suban mucho: y es a cambio de recortar también las ventajas logradas en los últimos ochenta años por los pobres: la salud, la educación. Esas cosas que cedieron por el miedo, hoy olvidado, a la posibilidad de la revolución social. Es solamente un gesto simbólico, apenas una palmadita de reprobación en el dorso de la mano, como la que se les da a los niños demasiado golosos para que no se embutan de tantos dulces. Pero aún así los ricos se quejan y protestan y lloran, y piden más exenciones y amenazan con llevarse sus capitales a su casa, y echan más gente de sus empleos a la calle y de sus casas hipotecadas por los bancos: decenas de millones. Empiezan a verse en la prensa fotos de gente hambrienta que hace cola para recibir sopa de caridad y que no son tomadas en Somalia o en Haití, sino en los países más ricos y desarrollados. Tal como en los años treinta del siglo pasado, cuando la Gran Depresión desatada por la quiebra de Wall Street desembocó (cumpliendo la advertencia de Lenin) en el ascenso de los fascismos en Europa y en Asia y en el estallido de la Guerra Mundial.
Todavía no. Pero para allá va el mundo. Porque la crisis no se detiene, sino que avanza. Los Estados Unidos entran en su tercer año de recesión, que ya muchos economistas (sin que les hagan caso) se atreven a llamar depresión. En el blando bajo vientre de la zona euro de Europa se van derrumbando países enteros Portugal, Grecia, España, Italia devorados por deudas que la ciega sabiduría de los mercados convierte en impagables; mientras que los países de mayor riqueza y resistencia, como Alemania y Francia, se niegan como fieras a pagar deudas que consideran ajenas, como si el principio rector que inspiró la lenta y larga creación de la Unión Europea no fuera precisamente la solidaridad económica de grupo para evitar los egoísmos divergentes y competitivos que –como advirtió Lenin– han terminado siempre en la última solución de la guerra.
Pero, ¡ah!, se me olvidaba. Es la Semana de la Moda en París. Les collections: Chanel, Lanvin, Dior, Balenciaga. Vestidos absolutamente a-dora-bles. Respetando otra antigua tradición, bailamos en el borde del cráter del volcán.
4.10.11
20.9.11
18.9.11
z
Los cacaos
El domingo pasado apareció en El Tiempo, en página entera, un comunicado firmado por los más cacaos de los cacaos —la crema del chocolate— preguntando por qué el coronel retirado Plazas Vega continuaba encanado pese a que, según ellos, el fallo es arbitrario.
Como se sabe, el exoficial fue condenado por el delito de desaparición forzada de gente que salió viva en la retoma del Palacio de Justicia. Para dejar en firme el juicio de los cacaos, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Navas, calificó a Plazas Vega como un héroe nacional. Los firmantes del manifiesto están en su derecho de protestar por el veredicto condenatorio, pero es extraño que un general de tanta jerarquía trate de invalidar, por lo menos moralmente, la decisión de un juez de la República. Más extraño aún si se recuerda que el general Navas había declarado un día después de su posesión que no toleraría ninguna violación a los DD. HH. por parte de sus subordinados.
El pasado miércoles, El Colombiano publicó un editorial suscrito por José Félix Lafaurie, firmante de la carta y presidente de Fedegán, que aclara el verdadero sentido de la pregunta sobre la suerte del coronel Plazas Vega: la reforma del código penal militar para hacerlo más flexible, más laxo, menos severo. La tesis se desprende de la que se oye hace tiempo en los cuarteles: no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias. O dicho de otra manera: hay que permitir el atropello a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para poder recuperar el orden. Una contradicción siniestra que sugiere que el delito sólo puede ser combatido eficazmente por fuera de la ley. En el fondo es la doctrina que el paramilitarismo ha defendido y que muchos de los cacaos consideran justa. Fue el camino que tomó Jorge Noguera: dado que un juez invalidó la detención de Alfredo Correa de Andreis, el exdirector del DAS facilitó su asesinato por parte de los paramilitares.
Los militares argumentan que la justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué leyes habiendo armas?
Uno de los grandes logros de los constituyentes del 91 fue la abolición de la justicia castrense para civiles y la regulación de competencias entre lo civil y lo militar. Tres días después de posesionado, Santos firmó la ley que sancionó la reforma de Código Penal Militar, pero todo indica que no ha sido aceptada por los altos mandos, que consideran que los incursos en delitos como los falsos positivos y las desapariciones forzadas no han tenido suficientes garantías procesales y por tanto la tropa está desmoralizada y así no puede combatir. Los militares continúan así agitando el llamado síndrome de procuraduría bajo otra fórmula: la guerra —dicen— se está perdiendo en los juzgados, por tanto, no debemos ir a los juzgados. Es una manera clásica de continuar la guerra. La impunidad es el mejor combustible de esa hoguera. ¿No es curioso que cada vez que se abre una hendija de esperanza de arreglo civil del conflicto, los militares salgan a pedir garantías para poder hacer la guerra a su manera? La realidad real es que cada cierto tiempo que se pone en evidencia el empantanamiento recurrente de las políticas bélicas, se ataca a la justicia civil como causa de las derrotas.
Los militares argumentan que la justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué leyes habiendo armas?
Uno de los grandes logros de los constituyentes del 91 fue la abolición de la justicia castrense para civiles y la regulación de competencias entre lo civil y lo militar. Tres días después de posesionado, Santos firmó la ley que sancionó la reforma de Código Penal Militar, pero todo indica que no ha sido aceptada por los altos mandos, que consideran que los incursos en delitos como los falsos positivos y las desapariciones forzadas no han tenido suficientes garantías procesales y por tanto la tropa está desmoralizada y así no puede combatir. Los militares continúan así agitando el llamado síndrome de procuraduría bajo otra fórmula: la guerra —dicen— se está perdiendo en los juzgados, por tanto, no debemos ir a los juzgados. Es una manera clásica de continuar la guerra. La impunidad es el mejor combustible de esa hoguera. ¿No es curioso que cada vez que se abre una hendija de esperanza de arreglo civil del conflicto, los militares salgan a pedir garantías para poder hacer la guerra a su manera? La realidad real es que cada cierto tiempo que se pone en evidencia el empantanamiento recurrente de las políticas bélicas, se ataca a la justicia civil como causa de las derrotas.
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Foto-Edward Burtynsky Kennecott Copper Mine No22 Bingham Valley Utah Canada 1983La mina del cañón de Bingham, también llamada Mina de cobre Kennecott, es una operación de minería a cielo abierto para explotar un gran depósito de porfirio de cobre al suroeste de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, en las montañas Oquirrh. Es la segunda mina de cielo abierto más profunda del mundo. La mina es propiedad de Rio Tinto Group, una compañía internacional de minería y exploración cuya sede se encuentra en el Reino Unido. Las operaciones de extracción de cobre en la mina Bingham son gerenciadas por la Kennecott Utah Copper Corporation que opera la mina, una planta concentradora, a smelter, y una refinería. La mina ha estado en producción desde 1906, y ha dado lugar a la creación de una excavación de más de 1.2 km de profundidad, 4 km de diámetro, y que abarca 7.7 km². Según Kennecott, es la mayor excavación que haya realizado jamás el hombre.1 En 1966 fue elegida como un Hito Histórico Nacional en Estados Unidos.
enlace a la wikipedia en ingles
7.9.11
6.9.11
4.9.11
Con la VII Feria Internacional de la Minería se echó a andar el tren del oro en el país. Con la presencia de agencias institucionales, multinacionales —Anglo Gold Ashanti o Medoro son algunas— y otras y muy poderosas firmas colombianas, a la hora del cierre se habían hecho negocios por US$350 millones, la mayoría sobre minas de oro.
No son de extrañar el entusiasmo y la voracidad que se vivieron habiendo alcanzado el precio del oro la fabulosa cifra de US$2.000 la onza troy, y estando Colombia, como dijo Cristian Samper —director del Smithsonian Museum—, sentado sobre una montaña de oro.
Una agitación similar se vive desde hace unos cinco años en los ríos San Juan, Telembí, Dagua, entre otros. Una vez que las dragas de las antiguas compañías, como la Chocó Pacífico, abandonaron los ríos, el mazamorreo regresó con almocafre y batea.
No era mucho el oro que lograban atrapar, pero era suficiente para las comunidades negras que consideran ese metal un regalo de Dios en compensación por 400 años de esclavitud. A medida que subía de precio, los narcos y paramilitares encontraron que la actividad no les servía para lavar sólo oro, sino también dólares. También las guerrillas y los que quisieran hacer fortuna de la noche a la mañana pusieron su entable. Miles de retroexcavadoras abrieron huecos enormes en los ríos y quebradas que “pintaran”; se crearon compañías; se solicitaron licencias; se pagaron trámites; se corrompieron funcionarios de Ingeominas y de las Corporaciones Autónomas de Desarrollo, alcaldes, agentes del orden. El dinero rodó.
La información minera georreferenciada sobre yacimientos y minas de oro y platino llegaba a las juntas directivas de las grandes compañías.
Comenzó el festín. Se han entregado 9.000 títulos mineros, el 4% del territorio nacional; y hay 20.000 solicitudes, el 20%. El 30% de los títulos fueron otorgados a compañías antioqueñas. No todos para la explotación de oro, es cierto, pero muestra la codicia de empresarios y la corrupción de las autoridades. Colombia explota unas 40 toneladas de oro al año, o 1,5 millones de onzas troy, es decir, US$3.000 millones.
No es posible saber si todo ese oro procede de nuestras minas porque, como lo denunció Mancuso —que tiene por qué saberlo—, una parte es comprado en Panamá, entra al país como producido en Colombia y termina en las bodegas del Banco de la República.
El Gobierno clasifica la minería del oro en dos categorías: legal e ilegal, y les ha declarado la guerra a estas últimas. No distingue entre la pequeña minería artesanal y la minería de draga, lo que permite que las dos modalidades presenten un frente común, entre otras cosas porque en los “cortes de trabajo” las retros acceden a que marginalmente los barequeros metan la batea.
No tardarán movilizaciones de barequeros contra el Gobierno y a favor de la minería ilegal, que no sólo necesita solidaridad local, sino armas. De ahí que los paramilitares —o como se llamen— y las guerrillas entren en la danza también. Son la seguridad del negocio.
Para rematar, las grandes multinacionales piden reglas claras para invertir. Exigen definir en qué zonas se puede o no destrozar el entorno, simplificar la regulación ambiental para meterles la mano a los páramos y liquidar ese fastidioso requisito llamado consulta previa.
El Gobierno deberá comenzar por sacar de las zonas que las multinacionales saben ricas la minería ilegal, incluida la artesanal. ¿Cómo podrían trabajar con tanta gente dentro de sus enclaves? Este conflicto encenderá la mecha.
Dados el tamaño del cerro de oro en que estamos sentados, la debilidad del Estado para regular la actividad aurífera, la trinca conformada por el “cartel de la retro” y narcotráfico, la corrupción y la venalidad de los agentes del orden legal, nuestro conflicto armado se desbordará —como se está desbordando— hacia este nuevo escenario bélico. Me temo que el problema minero tomará el lugar que hasta hoy ha tenido el problema agrario.
Una agitación similar se vive desde hace unos cinco años en los ríos San Juan, Telembí, Dagua, entre otros. Una vez que las dragas de las antiguas compañías, como la Chocó Pacífico, abandonaron los ríos, el mazamorreo regresó con almocafre y batea.
No era mucho el oro que lograban atrapar, pero era suficiente para las comunidades negras que consideran ese metal un regalo de Dios en compensación por 400 años de esclavitud. A medida que subía de precio, los narcos y paramilitares encontraron que la actividad no les servía para lavar sólo oro, sino también dólares. También las guerrillas y los que quisieran hacer fortuna de la noche a la mañana pusieron su entable. Miles de retroexcavadoras abrieron huecos enormes en los ríos y quebradas que “pintaran”; se crearon compañías; se solicitaron licencias; se pagaron trámites; se corrompieron funcionarios de Ingeominas y de las Corporaciones Autónomas de Desarrollo, alcaldes, agentes del orden. El dinero rodó.
La información minera georreferenciada sobre yacimientos y minas de oro y platino llegaba a las juntas directivas de las grandes compañías.
Comenzó el festín. Se han entregado 9.000 títulos mineros, el 4% del territorio nacional; y hay 20.000 solicitudes, el 20%. El 30% de los títulos fueron otorgados a compañías antioqueñas. No todos para la explotación de oro, es cierto, pero muestra la codicia de empresarios y la corrupción de las autoridades. Colombia explota unas 40 toneladas de oro al año, o 1,5 millones de onzas troy, es decir, US$3.000 millones.
No es posible saber si todo ese oro procede de nuestras minas porque, como lo denunció Mancuso —que tiene por qué saberlo—, una parte es comprado en Panamá, entra al país como producido en Colombia y termina en las bodegas del Banco de la República.
El Gobierno clasifica la minería del oro en dos categorías: legal e ilegal, y les ha declarado la guerra a estas últimas. No distingue entre la pequeña minería artesanal y la minería de draga, lo que permite que las dos modalidades presenten un frente común, entre otras cosas porque en los “cortes de trabajo” las retros acceden a que marginalmente los barequeros metan la batea.
No tardarán movilizaciones de barequeros contra el Gobierno y a favor de la minería ilegal, que no sólo necesita solidaridad local, sino armas. De ahí que los paramilitares —o como se llamen— y las guerrillas entren en la danza también. Son la seguridad del negocio.
Para rematar, las grandes multinacionales piden reglas claras para invertir. Exigen definir en qué zonas se puede o no destrozar el entorno, simplificar la regulación ambiental para meterles la mano a los páramos y liquidar ese fastidioso requisito llamado consulta previa.
El Gobierno deberá comenzar por sacar de las zonas que las multinacionales saben ricas la minería ilegal, incluida la artesanal. ¿Cómo podrían trabajar con tanta gente dentro de sus enclaves? Este conflicto encenderá la mecha.
Dados el tamaño del cerro de oro en que estamos sentados, la debilidad del Estado para regular la actividad aurífera, la trinca conformada por el “cartel de la retro” y narcotráfico, la corrupción y la venalidad de los agentes del orden legal, nuestro conflicto armado se desbordará —como se está desbordando— hacia este nuevo escenario bélico. Me temo que el problema minero tomará el lugar que hasta hoy ha tenido el problema agrario.
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Ahora que se supone avanza lentamente la investigación por la muerte del ciudadano grafiteró en bogota, antes de que se diluyan las peticiones de “justicia” y que la noticia se borrada de lo cotidiano hay un momento para dos reflexiones.
Si se le dispara a una persona desarmada por la espalda es precisamente por que no hay justicia, no se respeta la vida.
Pero… quien selecciono al policía y le dio la responsabilidad de llevar un arma y quien o quienes participaron en el intento de encubrimiento del hecho.
Pero… quien selecciono al policía y le dio la responsabilidad de llevar un arma y quien o quienes participaron en el intento de encubrimiento del hecho.
Como se llaman? Que cargo tienen…
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